Gobierno y oposición: ¿Un mes para redefinir estrategias? | España | EL PAÍS

Las explicaciones iniciales —y en algunos casos durante casi tres días— se alejaron del contenido del real decreto ley que fue rechazado el pasado miércoles en el pleno del Congreso. No estaba del todo claro por qué el PP y Junts votaron en contra; acaso Vox fue el más claro al respecto. Una vez que el Gobierno apruebe en el Consejo de Ministros un nuevo decreto ley y, por ende, sus disposiciones entren en vigor, habrá un mes hasta que regrese al Congreso; 30 días en los que los grupos de la oposición deberán afinar sus argumentos a favor o en contra. El Ejecutivo también necesitará convencer sobre las razones que lo llevan a no fragmentar las medidas que millones de españoles esperan, de manera que unas no obstaculicen la aprobación de las otras.

De la extensión del llamado decreto ómnibus, desarrollado en 140 páginas, se aprovecha Gobierno y, sobre todo, la oposición. El porcentaje de ciudadanos que puedan o quieran dedicar un tiempo importante a leer y subrayar las 80 medidas es muy exiguo, por lo que en este caso es improbable que se cumpla la máxima de que el dato mata al relato. Los partidos lo saben. Al extenso documento la oposición conservadora añade otras medidas que no figuran en el mismo o interpretaciones alejadas de la letra y del espíritu de la norma.

Nadie dice estar en contra de la revalorización de las pensiones, ni de la continuidad de las bonificaciones al transporte, que afecta a 12 y 20 millones de ciudadanos respectivamente. Pero la continuidad de la prohibición de los desahucios en caso de vulnerabilidad no tiene el apoyo del PP. Sobre las entregas a cuenta para las comunidades autónomas nada se escucha, ni tampoco evitar que se corte el suministro de agua y luz a quienes no puedan pagarlo por razones económicas justificadas y probadas.